EN 12 AÑOS SE HUNDIÓ FINANCIERA Y SOCIALMENTE VERACRUZ
En los últimos 12 años, en Veracruz el estado de derecho se
arrinconó en el desván de lo inútil; el ejercicio público Fidel-Duarte
privilegió la opacidad, se regodeo en la triquiñuela, la compra, la simulación
y la mentira, ejerció las amenazas e implementó el miedo como mecanismo para
disminuir las oposiciones y establecer un estado cleptocrático que hundió
financiera y socialmente a la entidad y canceló
su desarrollo.
Muchos los problemas y complejas las soluciones ante las
frágiles condiciones institucionales que deja la administración saliente,
después de casi doce años de descomposición, abuso, insensibilidad y desfachatez,
lo cual queda en evidencia con la desvergüenza de un gobierno que, obcecado en
sus mentiras, enarbola discursos increíbles y/o contradictorios; de la
reconciliación a la perorata bravucona, del saqueo flagrante a reformas
constitucionales anticorrupción justo antes de irse para que no se les
apliquen.
La corrupción y la impunidad imperante en doce años son
mucho más que un problema de moral o de simple disputa político-partidista, es
un omiso ejemplo del amplio control y privatización de las actividades y los
recursos públicos, encubriendo la malversación, desvío o transferencia de
recursos a personas físicas o morales bajo su personal dominio, construyendo
fortunas que solo se explican si y solo si hubo un manejo discrecional del
presupuesto y de las meta a cumplir.
El voto veracruzano palpable el pasado 5 de junio puede
tener varios o muchos componentes para haberse presentado como lo hizo pero sin
duda uno de ellos pesa significativamente, el hartazgo ante tanta y tan
evidente corrupción y ante una impunidad que blindó las prácticas cotidianas de
una clase política que ahora debe ser llevada ante la ley.
Por lo menos 7 de cada votantes espera que las cosas
cambien, que se detenga la corrupción y se aplique la ley. La alternancia en el
gobierno estatal veracruzano debe de estar a la altura de una petición precisa
y contundente: los que saquearon el patrimonio de todos deben enfrentar la ley
y pagar las consecuencias de sus actos u omisiones, no más pero no menos.
No debe abordarse como un mecanismo de venganza o
revanchismo político que degrade su aplicación como instrumento de control,
sino simplemente como el rescate del marco jurídico vigente y aplicable a todos
los actos de la administración pública y también se requiere implementar los
mecanismos que brinden prevención y sanción ante cualquiera que pretenda
continuar con esas prácticas.
El reto no es menor y para enfrentarlo se tiene que contar
con un ejemplar comportamiento de los funcionarios que vendrán y una amplia y
vital convocatoria a la participación ciudadana que goce no solo del espacio
sino de los mecanismos que la hagan útil para la supervisión, evaluación y
seguimiento de las acciones de gobierno.
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