La legislación mexicana es deficiente en la limitación de posibles implicados en los delitos de terrorismo y lavado de dinero.
Así lo señaló el doctor Juan Carlos Ferré de la Universidad de Salamanca durante una mesa sobre “Derecho penal, lavado de dinero y financiación al terrorismo” que se realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
“Qué pasaría si yo contrato, mando a mi hijo a un colegio privado que sospecho que el director está metido en temas de terrorismo, estoy de alguna forma aportando económicamente bienes de forma indirecta no directa a una finalidad terrorista ¿me podrían culpar a mí por financiación del terrorismo, por pagar esas cuotas? parece que no o parece que sí cuáles son los límites de esto, no están claros”.
El doctor Juan Carlos Ferré reconoció que es necesaria la aplicación homogénea del código para todos, ya que en México como en otros países se aplican criterios de selección para atender este tipo de faltas.
“El Estado se pone a controlar a través de inteligencia financiera a los ciudadanos pero lo hace de una forma selectiva porque nadie tiene la capacidad de controlar a todos los habitantes de México ni de ningún país y entonces van a empezar criterios de selección de las personas que pueden ir por la vía de lo político su control de blanqueo de dinero de mi rival político”.
Reconoció que en Europa existe una tendencia llamada decomiso ampliado que se aplica a diferentes delitos, entre ellos el lavado de dinero, en el que el implicado puede ser despojado de todos sus bienes en caso de que no pueda comprobar el origen de su patrimonio.
En México desde el 2012 existe una Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la cual no se incluyen todas las funciones que deben desarrollar los notarios en casos específicos.
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