Para
muchos, entre ellos me incluyo, la noticia del avance de la iniciativa de Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios resulta
sumamente alentadora, sobre todo porque al menos para el caso coahuilense, en
carne propia sabemos de las consecuencias del terrible endeudamiento y el
desvío de más de la mitad de dichos recursos sin saber hasta el momento en
dónde se encuentra esa inmensa cantidad de dinero (17,000 millones de pesos) Es
más, sin ir más lejos, en la región contamos con el municipio más endeudado:
Nava, con un endeudamiento de más de 32 millones de pesos. Y es que en términos
generales, la Ley de disciplina financiera a simple vista resulta ser bastante
atractiva: límites de endeudamiento para Estados y Municipios, garantía de pago
a acreedores sin poner en riesgo la salud de las finanzas públicas,
justificación de endeudamiento gubernamental. Desde luego que somos muchos los
que exigimos que se justifique cada contratación de créditos que realizan
cualquiera de los tres ámbitos de gobierno, además de que por supuesto debe
haber un tope porcentual de endeudamiento de manera tal que se garantice el
pago de las obligaciones contratadas.
No
obstante, como reza el viejo adagio: “no todo lo que brilla es oro”, pues a
pesar de lo atractiva que parece ser la iniciativa, la misma no contempla
aspectos tan esenciales como lo son las auditorias ni tampoco contiene un
catálogo de infracciones o multas para aquellos que hagan mal manejo de la
deuda pública. Es decir, la parte punitiva que sirve como disuasivo de malas
prácticas no aparece por ningún lado, por lo que dicha iniciativa resulta ser
de origen un agresivo perro, pero sin dientes. No es la primera vez que las
legislaciones en nuestro país se confeccionan sobre buenas intenciones sin
contemplar el apartado de las sanciones, por lo que la mera existencia de las
mismas se vuelve solo formal. Otro de los
aspectos que preocupan, es que la iniciativa permite el incremento porcentual
de la deuda de 3% a 6.5% del PIB si las finanzas resultan ser sanas, lo cual
parece contradictorio, pues finanzas sanas no significa que deban destruirse
solo por el hecho de ser sostenibles al permitirles endeudarse.
Es
cierto que la contratación de deuda es necesaria para impulsar el desarrollo
social, sin embargo, cada peso debe estar vigilado tanto en su justificación
para ser contratado como crédito, así como el destino final para el cual fue
presupuestado. La iniciativa debe devolverse a la cámara baja y contemplar la
solución de las falencias estructurales que de origen trae esta ley en
potencia. Porque de lo contrario, tendremos otro compendio normativo
vanguardista, necesario, imprescindible, pero a final de cuentas ornamental y
vacuo.
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