Las más recientes revelaciones de quienes operaron como
prestanombres muestra una actividad criminal consciente y clara, por ejemplo,
de su esposa Karime Macías Tubillas, quien operó varias de las operaciones y
decisiones de manera directa. También se ha manejado el nombre de Mónica
Ghihan, hermana de Karime y cuñada de Duarte, quien habría estado ligada
también a adquisiciones del exgobernador en el extranjero con dinero ilícito.
Algunos medios de comunicación han señalado que Mónica
Ghihan sería una de las dos mujeres que la PGR habría detenido como parte del
proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero de que se
acusa al prófugo. A su esposo, José Armando Rodríguez Ayache, se le atribuye la
propiedad de un departamento en Torre Pelicano, en Boca del Río, ocupada
regularmente por Javier Duarte, y que está valuado en unos 10 millones de
pesos.
Según varias fuentes, América Aguilar Bozada, exfuncionaria
de la Fiscalía General del Estado y ex subdirectora de Recursos Materiales y
Obras Públicas en el gobierno duartista, y quien gracias a sus buenos oficios,
tras crear una empresa de venta de pinturas Comex, fue bendecida con la compra
del gobierno estatal.
Por lo tanto, Duarte no embarró a su familia. La familia se
incorporó con júbilo y enjundia al delicioso negocio de tomar dinero público a
manos llenas, pero lo hicieron con tanta ansiedad que dejaron huellas enormes
por todas partes. Se habla incluso de María Cecilia de Ochoa Guasti, madre de
Javier Duarte, de su hermano Cecil y de parientes como sus primos Luis Iván
Héctor Ochoa Dehesa.
Tanto en la investigación periodística realizada por el
portal Animal Político sobre la creación de empresas fantasmas como en otras
publicaciones y filtraciones, se repiten los nombres de operadores financieros
y prestanombres como el diputado local electo Vicente Benítez González, o como
los diputados federales Tarek Abdalá, Adolfo Mota, Jorge Carballo y Erick
Lagos.
Pero en la lista derivada de las investigaciones del SAT y
la PGR podrían aparecer decenas de cómplices que han sido o son funcionarios
públicos, representantes populares, empresarios y familiares de Duarte.
Se dice que los principales prestanombres del exgobernador
veracruzano son Moy Mansur, Franky García y Jaime Porres. Entre las propiedades
de Moy Mansur se encuentra el rancho “Las Mesas”, ubicado en Valle de Bravo,
Estado de México, con un valor aproximado de 200 millones de pesos. También,
mansiones y departamentos en las exclusivas zonas de Polanco y Las Palmas, en
la Ciudad de México.
Franky García es el socio cañero, era también el
representante del estado ante Petróleos Mexicanos, se encargaba de hacer
negocios con los vales de asfalto y combustible. Se le atribuye como propiedad
el polémico rancho El Faunito, ubicado en Fortín de las Flores. Por su parte,
Jaime Porres tiene la operación de los puentes Prieto en Pánuco y José López
Portillo en Álamo, grandes negocios que dejan buenas ganancias, porque por ello
circulan miles de vehículos diariamente.
El empresario David Velasco Chedraui actual diputado local,
declaró la semana anterior a los medio de comunicación que había sido
“invitado” a realizar negocios sucios con el gobernador Javier Duarte de Ochoa,
derivado de los cuales tanto él como el mandatario saldrían beneficiados,
propuesta que desechó pese a insistencia y presiones.
Si no se castiga a todos los que, como banda criminal (de
ahí el delito de crimen organizado), participaron en la destrucción de toda una
entidad y en el mayor agravio a los veracruzanos, no podremos hablar de justicia.
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