La polémica sigue viento en popa, el escándalo parece crecer de manera inexorable en una lluvia de reconvenciones y diatribas en contra del gobierno federal por la adquisición del nuevo avión presidencial valuado en 127 millones de dólares, más 32 millones extras en adecuaciones que se solicitaron a la empresa armadora que vendió el avión. El total en pesos mexicanos asciende a más de 2,500 millones. Desde luego que es una cifra estratosférica y causa indignación en una sociedad con más de 60 millones de personas en brazos de la pobreza. No obstante, la indignación y sobre todo la reprobación social sobre cualquier adquisición de cualquiera de los tres órdenes de gobierno deben estar sólidamente fundamentadas, es decir, no solo se trata de criticar y denostar por el sólo hecho de asestar golpes al gobierno cada vez que la ocasión sea propicia, sino de contar con los elementos que nos permitan cuestionar actos que en verdad sean poco sustanciales para los objetivos primigenio de cualquier gobierno. Para empezar, el artículo 89 de nuestra constitución, señala que entre las facultades y obligaciones del presidente se encuentra: “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales […]”. Para ello, el presidente requiere de un transporte aéreo que le permita cumplir con los compromisos derivados de la política exterior. Es decir, es una obligación el que tenga que realizar viajes hacia el extranjero. Por otra parte, el antiguo avión, llamado honrosamente “presidente Juárez”, ha transportado mandatarios desde 1987, a la vez que ya había presentado fallas técnicas y operativas en recientes viajes al extranjero del actual presidente, además de que su capacidad de vuelo es de solo 12 horas, lo que lo obligaba a realizar escalas frecuentes. La necesidad de un avión nuevo era ya imperativa. No se trata de un capricho. Las bondades que ofrece el nuevo aparato adquirido por la presidencia observan particularidades que lo vuelven más que un gasto, una inversión: puede volar sin aterrizar durante 20 horas, está diseñado para transportar a entre 217 y 323 pasajeros consume menos combustible que otros aviones de su tamaño y forma parte de las flotas de algunas de las aerolíneas más importantes del mundo. Quizá lo cuestionable son los 32 millones de dólares extras que se erogaron para adecuaciones extras, como por ejemplo el espacio especial para el descanso del presidente, sin embargo, el gasto restante, los 127 millones están plenamente justificados y si no sucede una tragedia, dicho avión transportara a los siguientes mandatarios durante 30 años o más. Finalmente, no es un gasto que se realice en una sola exhibición, sino que se pagara en plazos hasta el año 2027. Gastos superfluos: la estela de Luz en 2010 con un costo de más de mil millones de pesos, los gastos en publicidad del presidente Peña en sus últimos dos años ascendieron a más de 10 mil millones de pesos, superando a Fox y a Calderón. La pasada elección de 2015 tuvo un costo de más de 5 mil millones de pesos. La lista sigue, gastos innecesarios hay muchos, pero un avión presidencial, lejos de ser un despilfarro, es una inversión benéfica no para el presidente, sino para el Estado mexicano.
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