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LOS TRES COCHINITOS / SAMUEL CEPEDA TOVAR



No son los únicos, de eso podemos estar seguros, no son solo tres, se trata de una piara completa de cerdos que han abusado del poder desviando recursos públicos en beneficio propio, negociando con el crimen organizado, censurando y reprimiendo a periodistas o a cualquier disidente, y ahora, estos tres ejemplares buscan protegerse adelantándose a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción nombrando a los fiscales anticorrupción en sus Estados, de modo que sean amigos y no los investiguen o intenten castigarlos una vez que ya estén fuera del poder. Se trata de los actuales gobernadores que ya están a punto de dejar sus puestos en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Y es que en vísperas de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, gobernadores respectivos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, acusados seriamente tanto de desvío de recursos como de asesinatos, al menos en el caso de Javier Duarte, han intentado blindarse contra cualquier acto legal que pudiera establecerse en su contra luego de abandonar el poder, mediante la promulgación de sus respectivos sistemas locales anticorrupción, lo que incluye también el nombramiento del respectivo fiscal en la materia. Y es que casos como estos nos recuerdan el de la llamada “casa blanca”, en donde el ex titular de la función pública, Virgilio Andrade, tuvo la encomienda de investigar a su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, dando como resultado la exoneración del presidente en tan sonado caso. No podía ser de otra manera.
La intención de estos tres señalados de prácticas deshonestas y polutas, han provocado que la PGR interponga una acción de inconstitucionalidad ate la SCJN en contra de estos tres gobernadores que intentan violentar el procedimiento constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, mediante esta sana división de poderes, toca a la Suprema Corte resolver el recurso que a todas luces es apropiado y bien fundamentado y que busca evitar el blindaje de estos conculcadores del Estado de Derecho. Lo extraño en este caso, es que la PGR en funciones bajo un gobierno priista busca dejar sin defensa a gobernadores del mismo partido, es decir, sería el primer caso en que un gobierno federal actuaría en contra de tres gobiernos locales del mismo partido. Situación que, sin embargo, no debiera llamar la atención, ya que en teoría, el presidente de la republica abandona sus filias partidistas y toma la bandera del interés común de los mexicanos en su proceder. Esa es la esencia del funcionamiento de un sistema de partidos dentro de una república. ¿Será acaso que por fin nuestra república esta funcionado como debiera? ¿O se trata de otro espectáculo más en el cual subyace la famosa frase “todo cambia para seguir igual”? De lo que si estamos seguros, es que la SCJN tiene la obligación de echar atrás las perniciosas iniciativas legales en los tres estados en mención, y permitir que los nuevos gobiernos llamen a  cuentas a quienes lastimaron a la sociedad mediante el mal uso del patrimonio público o atropellando derechos civiles. La oportunidad de demostrar que este país va por buen camino dependerá del final de esta sucia historia.


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