No
son los únicos, de eso podemos estar seguros, no son solo tres, se trata de una
piara completa de cerdos que han abusado del poder desviando recursos públicos
en beneficio propio, negociando con el crimen organizado, censurando y
reprimiendo a periodistas o a cualquier disidente, y ahora, estos tres
ejemplares buscan protegerse adelantándose a la puesta en marcha del Sistema
Nacional Anticorrupción nombrando a los fiscales anticorrupción en sus Estados,
de modo que sean amigos y no los investiguen o intenten castigarlos una vez que
ya estén fuera del poder. Se trata de los actuales gobernadores que ya están a
punto de dejar sus puestos en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Y es que en
vísperas de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, Javier
Duarte, Roberto Borge y César Duarte, gobernadores respectivos de Veracruz,
Quintana Roo y Chihuahua, acusados seriamente tanto de desvío de recursos como
de asesinatos, al menos en el caso de Javier Duarte, han intentado blindarse
contra cualquier acto legal que pudiera establecerse en su contra luego de
abandonar el poder, mediante la promulgación de sus respectivos sistemas
locales anticorrupción, lo que incluye también el nombramiento del respectivo
fiscal en la materia. Y es que casos como estos nos recuerdan el de la llamada
“casa blanca”, en donde el ex titular de la función pública, Virgilio Andrade,
tuvo la encomienda de investigar a su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto,
dando como resultado la exoneración del presidente en tan sonado caso. No podía
ser de otra manera.
La
intención de estos tres señalados de prácticas deshonestas y polutas, han
provocado que la PGR interponga una acción de inconstitucionalidad ate la SCJN
en contra de estos tres gobernadores que intentan violentar el procedimiento
constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, mediante esta sana
división de poderes, toca a la Suprema Corte resolver el recurso que a todas
luces es apropiado y bien fundamentado y que busca evitar el blindaje de estos
conculcadores del Estado de Derecho. Lo extraño en este caso, es que la PGR en
funciones bajo un gobierno priista busca dejar sin defensa a gobernadores del
mismo partido, es decir, sería el primer caso en que un gobierno federal
actuaría en contra de tres gobiernos locales del mismo partido. Situación que,
sin embargo, no debiera llamar la atención, ya que en teoría, el presidente de
la republica abandona sus filias partidistas y toma la bandera del interés
común de los mexicanos en su proceder. Esa es la esencia del funcionamiento de
un sistema de partidos dentro de una república. ¿Será acaso que por fin nuestra
república esta funcionado como debiera? ¿O se trata de otro espectáculo más en
el cual subyace la famosa frase “todo cambia para seguir igual”? De lo que si
estamos seguros, es que la SCJN tiene la obligación de echar atrás las
perniciosas iniciativas legales en los tres estados en mención, y permitir que
los nuevos gobiernos llamen a cuentas a
quienes lastimaron a la sociedad mediante el mal uso del patrimonio público o
atropellando derechos civiles. La oportunidad de demostrar que este país va por
buen camino dependerá del final de esta sucia historia.
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