Es
cierto lo que se menciona en muchos y variados lugares: “La reforma educativa
es una reforma laboral”, y es preciso aclararlo, es cierto, pero solo hasta
cierto punto. En la reforma original no venían modificaciones a los planes y
programas académicos, pero si venía contemplada la evaluación de los docentes.
La idea de crear un instituto nacional de evaluación para la educación es un
fuerte pilar académico, pero también arrancarle la privatización de la
educación a los sindicatos al quitarles privilegios como heredar las plazas y
cobrar sin trabajar era también necesario e imprescindible. Y con todo el respeto que los docentes se
merecen, pero el gobierno no tenía por qué consultarlos para intentar negociar
la aplicación de exámenes de permanencia o simplemente para eliminar a tanto
aviador que solo existen para exprimir el erario público y que se amparaban en
las dichosas “comisiones”. Por el contrario, con la reciente presentación del
Modelo Educativo 2016 el gobierno y las autoridades educativas han emplazado a
docentes y expertos a mesas de foros, análisis y propuestas para echar a andar
este nuevo enfoque educativo. Es decir, para preparar la puesta en marcha de la
reforma educativa ahora si en pleno ejercicio académico, misma que piensa
implementarse a partir del 2018. Es decir, para todos aquellos que arremetían
contra la reforma al considerarla no educativa, las circunstancias por fin han
dejado ver que toda reforma de calado constitucional es progresiva y paulatina.
Y ahora sí, es justamente aquí donde el gobierno debe escuchar las propuestas
de los docentes a través de los consejos técnicos y de la sociedad en general a
través del portal que administrara el prestigiado CIDE.
Los
planteamientos de este nuevo modelo educativo son acordes a nuestra realidad y
son eminentemente académicos y van desde modificar contenidos curriculares que
comprendan actividades que promuevan el desarrollo personal y social de
alumnos, hasta aquellos que regulen las emociones y valores para la formación
de ciudadanos en sana convivencia. Además, el modelo apunta sus objetivos hacia
el pensamiento crítico y reflexivo y el funcionamiento adecuado de escuelas. Si
estos objetivos no son académicos, no entiendo entonces qué es lo que los
docentes disidentes entienden por una reforma educativa. A menos que para ellos
reforma signifique perder privilegios como cobrar sin trabajar o privatizar la
educación pública, entiendo su molestia y oposición a una iniciativa que más
que apropiada y necesaria, es ya urgente en el anacrónico e inveterado sistema
educativo que actualmente tenemos. Los docentes ahora si serán tomados en
cuenta, en dónde debe ser, en la cuestión académica, ahora es tiempo de que
aquellos que nos dedicamos a la educación confeccionemos las propuestas que
desde nuestros contextos particulares sean pragmáticas y aporten a la
construcción de la nueva sociedad que requerimos para enfrentar los retos de un
mundo globalizado y altamente competitivo.
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