Actualmente las grandes
compañías (personas morales) y/o personas físicas que superan los dos millones
de pesos de ingresos al año, están obligadas a la “Contabilidad Electrónica”
que consiste en enviar a la autoridad fiscal cada movimiento de ingreso y
egreso sin importar los montos por mínimos que éstos sean.
Balanzas, auxiliares, pólizas
son los documentos que se capturan en formato digital para que sean transferidos
al famoso Buzón Tributario, con el
objeto de que el Fisco realice las
revisiones electrónicas, que recién entró en vigor el pasado Septiembre con la
leyenda: “Porque confiamos en ti,
revisiones electrónicas”.
Hoy en día las empresas están
sufriendo altos costos en programas y
personal administrativo y contable, debido
a la carga que dicha obligación conlleva, además de sentirse amenazados y
presionados para cumplir en tiempo y forma evitando así la ejecución de
auditorías.
En ese sentido, lo anterior es consecuencia de
las viejas prácticas corruptas y evasivas que predominaron en la década de los
80s y 90s por parte de los mismos contribuyentes que ocultaban operaciones
millonarias con utilidades no
registradas, provocando que el Fisco se viera en la necesidad de cercar todos
los filtros con el ojo al estilo “Big Brother”.
Con esta resolución enmarcada en
el Código Fiscal de la Federación, a partir del 2015, la autoridad mantiene un
control permanente en todos los causantes al cien por ciento, vigilando que todo
lo relativo a facturas, estados de cuenta bancarios y con la recién estrenada
contabilidad electrónica, se eviten malos manejos, fraudes y la intromisión de
delitos como el lavado de dinero.
De tal manera que ningún
contribuyente está exento al escrutinio del Gran Hermano en caso de que se
arriesgue a omitir ingresos, deducir gastos indebidos, o sencillamente no pagar
lo que corresponde al Fisco.
Y en efecto, la función del
“Gran Hermano Electrónico” trata de cumplir literalmente la norma para mantener
a raya las transacciones ilegales y los ejercicios fiscales no declarados en corporativos, consorcios, macroempresas, sector
industrial y en general grandes negocios, sin embargo, viene acompañado de
daños colaterales, en este caso a los pequeños y medianos contribuyentes.
Al agarrar parejo,
definitivamente los más afectados son lo Pymes que lo interpretan como una
desesperación y voracidad del gobierno en castigar a los obligados cautivos al
tener que incrementar gastos propios en cuanto a equipo y capital humano para
cumplir al pie de la letra estas disposiciones so pena multas, embargos y
auditorías.
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