Resuenan
sin duda los ecos de lo sucedido en 2006 en Oaxaca, cuando el gobierno federal
del entonces presidente Vicente Fox a través de fuerzas federales enfrenta al
magisterio que, uniéndose a otras asociaciones, conformaban la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Los resultados fueron desde luego fatídicos y
dejaron ver que el gremio magisterial en aquel Estado jamás permitiría romper
los acuerdos de 1986, cuando el gobierno de Heladio Ramírez López respaldo la
iniciativa magisterial de no obedecer los designios de la SEP y ser la misma
sección 22 la que tomara las riendas de la educación en el estado oaxaqueño. Esa
irreverencia hacia las autoridades federales quedo arraigada desde entonces y
el conflicto de 2006 fue el claro ejemplo de que los maestros de Oaxaca no
cederían jamás los privilegios con los cuales contaban. Por ello nada bueno
podía esperarse cuando en virtud de la hoja de ruta señalada por la reforma
educativa del actual gobierno, la federación en 2015 decreta la desaparición
del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para con ello asumir el
control de las políticas educativas de aquel Estado.
La
reacción de la CNTE hacia la reforma y sus implicaciones, que por cierto son
loables estas últimas, se ha manifestado en días anteriores con resultados
fatídicos. El detalle es que las redes sociales han victimizado a los maestros
y han puesto al gobierno federal como el ogro de esta lúgubre historia. Sin
embargo, la realidad debe ser puesta en el contexto adecuado, pues ciertamente
la reforma planeta ciertas directrices que sencillamente acaban con la
privatización de la educación en aquellos pueblos que resultan ser los más
pobres de México. Para empezar, los maestros se niegan a ser evaluados, cuando
la evaluación es indispensable para ofrecer educación de calidad en un Estado
en que la pobreza producto de la falta de educación es bastante pronunciada. Así
mismo, al tomar el control de la nómina magisterial, la federación se asegura
de que estos docentes cumplan con su asistencia a sus centros de trabajo, pues
resultaba absurdo que estos docentes se la pasaran semanas en diversos
plantones exigiendo que las plazas laborales fueran de su propiedad
privatizando espacios públicos; y al mismo tiempo recibiendo sus quincenas
completas. Todo esto con la venia de gobiernos estatales sometidos por el
magisterio. Por ello y muchas razones más, los maestros han reaccionado con
violencia, pues se niegan a que la educación sea pública en su Estado, debido a
que muchos años la educación ha sido privatizada por el gremio magisterial.
Las resistencias a la
reforma educativa en aquellos lares han dejado millones de pesos de perdidas,
han lastimado la economía de un Estado de por sí hundido en la pobreza, han
humillado a docentes que sí quieren impartir clases -en lugar de ir a
manifestaciones que afectan el interés colectivo- al raparlos en público. Han
dejado sin clases a miles de niños que requieren con urgencia educación, han
mancillado el Estado de Derecho al no obedecer el mandato constitucional recién
aprobado. Y ante este escenario, el gobierno federal no puede ni debe ceder
ante los chantajes y violencia de grupos radicales que se niegan a perder privilegios.
El estado tiene el mandato constitucional del monopolio del uso de la fuerza,
pero no por ello debe excederse en su uso, sin embargo, cuando el diálogo se
termina, el Estado debe hacer uso de ese privilegio que le encomienda la
constitución, en aras
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