El
reciente informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de
Estados Unidos es categórico y directo: Nuestro país presenta “problemas
significativos” en dicho rubro que afectan directamente nuestro crecimiento y
desarrollo. Y es que problemas tan graves señalados en dicho informe son
difíciles de soslayar y son tan evidentes que no puede haber pronunciamiento
oficial en contra. Sucesos tan lamentables como la corrupción y abusos
periódicos tanto de las policías como de las fuerzas armadas y la impunidad de
los mismos son temas que no dejan de ser mencionados en dicho informe:
asesinatos ilegales, tortura, desapariciones y abusos físicos. Además de hacer
especial mención en el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa y el tan sonado caso de los civiles ultimados por militares en
Tlatlaya.
Parte
de este problema de impunidad recae principalmente en los cuerpos de seguridad
locales, quienes son señalados como los principales conculcadores de derechos
humanos. De igual manera, se menciona un panorama adverso para los periodistas
quienes recibieron ataques del crimen organizado en altos niveles de violencia
con la permisividad del gobierno que simplemente es incapaz de someter a la
delincuencia y de proteger a los ciudadanos. El informe es demasiado tajante y en
un apartado aduce lo siguiente: “Grupos
del crimen organizado "también fueron responsables" de muchos
asesinatos similares, "a menudo con impunidad y coaligados con
funcionarios corruptos estatales, locales y de seguridad", afirma el
informe”.
Todo
lo anterior es un escenario cuyo contenido no resulta novedoso en nuestro país,
pues es una realidad que los Derechos Humanos no son una prioridad del gobierno
mientras que poco se ha hecho en los temas referentes a la seguridad,
corrupción e impunidad. Las nuevas estrategias como el Sistema Nacional
Anticorrupción y la intención de eliminar las policías municipales formando
solo 32 mandos únicos parecen ser un avance, pero resulta ser timorato y
cortoplacista. Ya que el mismo sistema carece de acciones precisas y las mismas
policías estatales están contaminadas de corrupción, ineficiencia e impunidad.
No
es necesario que un informe extranjero desnude nuestra realidad, menos si
proviene de un país que mide los Derechos Humanos con doble rasero al poseer
prisiones en el mundo entero donde se violan DD.HH de manera perenne. Quizá el
único beneficio es que se supone que el congreso de Estados Unidos solicita
estos informes para determinar relaciones y apoyos hacia países amigos y en ese
sentido la presión pudiera ser interesante si nos condicionaran apoyos o
negocios a cambio de seguridad y combate eficaz a la corrupción. Esta sería la
conclusión y pragmatismo ideal de un
informe de esta naturaleza cuyas implicaciones ya sabemos todos los
mexicanos y que de ninguna manera podemos rebatir por más recalcitrante que sea
nuestro nacionalismo. De otra manera, solo será un informe más destinado al
archivero de nuestras verdades históricas.
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