La legislación electoral en nuestra entidad, a
propósito del actual proceso electoral que nos ocupa, realmente se quedó corta
en cuanto a la obligatoriedad de los debates entre aspirantes a cargos de
elección popular, pues el compendio legislativo en referencia solo señala la
obligación al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para que organice debates
forzosos entre los candidatos al cargo de gobernador. La medida sin duda es
buena, pragmática, pero corta y discontinua, pues la necesaria y pertinente medida
no se hizo extensiva a candidatos a diputados y presidentes municipales.
Y es que de pronto nos topamos con una calamitosa
avalancha de anuncios político electorales en radio y televisión, producto de
la última reforma electoral que entrega espacios gratuitos diarios a partidos
políticos en los medios ya mencionados, y que dichos anuncios se vuelven de
pronto el descubrimiento del hilo negro, pues en ellos nos ofrecen una sarta de
soluciones a viejos problemas bastante arraigados y en muchas ocasiones soluciones
a problemas que ni quiera encajan en el
ámbito de la jurisdicción del puesto que intentan obtener, por ejemplo, un
candidato que busca la presidencia municipal prometiendo educación de calidad,
siendo que a todas luces este rubro es de competencia federal y por
descentralización, estatal, pero de ninguna manera municipal.
En vista, pues, de estos aberrantes y vergonzosos
casos en que hacemos referencia y honor a la frase de que
“Las grandes promesas son siempre muy sospechosas”, se
vuelven necesarios los debates entre candidatos a los puestos de elección que
la legislación dejo exentos de obligación, esto es: candidaturas a diputación y
a alcaldías.
Muchos de los disparates proferidos por candidatos
quedarían expuestos ante el público en general y con ello se podría evidenciar
la estulticia y poco profesionalismo de algunos aspirantes a cargos de elección
popular, de igual manera, los electores podrían encontrar la mejor postura o
propuesta sobre un rubro o tema determinado después de la intervención de cada
aspirante y con ello sentar las bases razonadas para la orientación de su voto
el día de la elección.
Finalmente, el
último beneficio estriba en que estos aspirantes se verían obligados a
desarrollar sus propuestas y no dejarnos como siempre con las grandes promesas
muchas veces carentes de sentido común o simplemente poco factibles desde el
punto de vista financiero, político, legal, cultural, etc.
Cabe mencionar, que además se puede conocer el perfil
académico y la trayectoria que cada debatiente posea y que en muchas ocasiones
es desconocido por los votantes. No se trata de enumerar las bondades de los
debates políticos, sino de hacer ostensible la necesidad imperiosa de la
organización y desarrollo de los mismos, por lo menos de uno para el caso de
los aspirantes a presidentes municipales y legisladores locales.
Desde luego que partimos de la simple premisa de que
la ley no puede ser modificada al respecto, al menos en estos momentos, sin
embargo, se pueden organizar debates entre aspirantes a presidentes municipales
en cada municipio del Estado a iniciativa de organismos empresariales, centros
de educación superior, organismos no gubernamentales y con ello comprometer a
los aspirantes a que muestren buena voluntad y la capacidad para ventilar y
defender sus ideas, caso contrario, su imagen será minada por su falta de
compromiso. La propuesta está en el aire, los beneficios son sin duda
atractivos.
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