México:- La materia tributaria en México, como muchas otras, se ha judicializado, aseguró el Ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek.
Dijo que el Alto Tribunal se pronuncia prácticamente todos los días sobre cuestiones de legalidad que tienen que ver con garantías y derechos de los contribuyentes.
Pero lo que preocupa, dijo, es que no todos tienen posibilidades en este juicio.
“Es un juicio caro, es un juicio desde mi punto de vista todavía elitista, porque quien llega a la Suprema Corte no es el pequeño o mediano contribuyente, entonces sigue siendo un juicio caro, un juicio de élite”.
En el Seminario “Derecho Tributario y Derechos Humanos, Diálogo en México y el Mundo”, organizado por el ITAM, el Ministro Potisek destacó que se debe alentar las medidas alternativas de solución de controversias en materia fiscal.
“Para antes del receso ya teníamos más de 8 mil, o sea ya habíamos excedido el número del año anterior, entonces yo creo que sí esto nos invita a la reflexión por la excesiva judicialización, en todas las materias pero sobretodo en amparo fiscal sigue habiendo muchísimos casos en materia fiscal”.
La titular de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, Diana Bernal Ladrón de Guevara, informó que en lo que va del año se emitieron 12 mil 618 sentencias definitivas, de las cuales 52 % fueron a favor del SAT.
“Qué bueno que haya tan buenos abogados en el SAT, pero los abogados del contribuyente entre ellos me encuentro yo, qué porcentaje de predictibilidad podemos ofrecerle en el litigio fiscal a nuestro cliente, creo que se ve en este caso nuestro cliente es el contribuyente se ve disminuido”.
Para la inauguración del Seminario el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, envió un mensaje a los presentes, que fue leído por el juez Francisco Migoni.
“Ante un nuevo paradigma constitucional que pone especial énfasis en la tutela de los derechos fundamentales, se ha revalorado la importancia de los ingresos del Estado como un presupuesto indispensable para sentar las bases que permitan garantizar los derechos reconocidos en la Constitución”.
Destacó que para la plena eficacia de los derechos fundamentales, se requiere un Estado que cuente con los recursos tributarios suficientes para prestar los servicios públicos indispensables que velen por esas prerrogativas.
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