El Poder Judicial de la Federación se ha enfocado en proteger los derechos de los niños en casos de pornografía infantil.
Las imágenes son el tipo de pruebas más recurridas para demostrar que hay indicios de que es posible encontrar a alguien que se dedica al almacenamiento y distribución por internet de pornografía infantil.
Estos documentos son los que permiten la orden de cateo.
El acta de la práctica del allanamiento forma parte del expediente que se envía al archivo del juzgado.
Un acuerdo judicial destaca que resuelto el asunto, las imágenes dejan de tener utilidad procesal.
“Si las imágenes permanecen siempre en el expediente, ¿no estamos poniendo en riesgo de alguna forma, precisamente los derechos a la intimidad, a la identidad, a la privacidad? parece ser que sí… A efecto de no vulnerar derechos fundamentales, se ordena que previo al envío del cuaderno al archivo se desglosen las fojas donde obran las imágenes mencionadas y que se destruyan ante la presencia del secretario de juzgado”, Miguel Bonilla, Juez Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.
En foro en la Suprema Corte, Miguel Bonilla, juez federal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, subrayó el valor de la identificación y disponibilidad permanente de expedientes judiciales pues pueden ser clave para exigir reparación del daño en caso de violaciones a derechos humanos.
Ejemplo de esto, son los expedientes de cateo con todas las circunstancias en que se dio esta práctica.
“Ya adquieren un peso mayor trascienden lo meramente documental, adquieren un valor de acceso a la justicia”.
El artículo 24 de la Ley General de Víctimas establece la obligación de las autoridades de preservar los archivos relativos a violaciones de derechos así como garantizar el acceso a ellos.
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